Libro de estilo de la Justicia

Dirigido por el jurista y académico Santiago Muñoz Machado —doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura—, este Libro de estilo de la Justicia (Barcelona, Espasa Libros-Real Academia Española-Consejo General del Poder Judicial, 2017) está concebido para «ayudar al buen uso del lenguaje en todos los ámbitos donde el derecho se crea y aplica» (pág. XXXI). Contiene seis secciones y unos nutridos apéndices con abreviaturas, siglas, símbolos alfabetizables y no alfabetizables, numerales, cargos y tratamientos y gentilicios de comunidades autónomas y países. Me ha llamado la atención que tenga en esta obra tan poca presencia la iniciativa del Consejo de Ministros de 30 de diciembre 2009 por la que se creaba la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, que concluyó sus trabajos en 2011, cuando era Ministro de Justicia Francisco Caamaño y director de la RAE José Manuel Blecua. Nada se dice de eso en la «Presentación» de Muñoz Machado, e incluso el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, escribe sobre «una inédita andadura para la Justicia española». Aunque sí que en el capítulo 2 de la primera parte —«Hacia un lenguaje jurídico claro»— se resumen algunas de las medidas propuestas por la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. Sin embargo, se obvian las propuestas de acercamiento del lenguaje jurídico a la ciudadanía —claro, se aludía a educación para la ciudadanía—, que se sustituyen por un «Acercamiento del lenguaje jurídico a la población estudiantil» (?), cuando aquel Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico publicado por el Ministerio de Justicia se refería a la formación lingüística del profesional del derecho, que parece más claro y preciso. En fin, da la sensación de que este Libro de estilo de la Justicia no arranca de lo hecho anteriormente porque lo hecho antes está hecho por aquellos que estuvieron anteriormente. Conozco algo de esos antecedentes porque en septiembre de 2011, invitado por Jesús García Calderón, por aquel entonces Fiscal General de Andalucía, participé en el I Curso de Modernización del Lenguaje Jurídico —en el que por la RAE intervino el lingüista Salvador Gutiérrez Ordóñez— y dos meses después, en diciembre, en el II Curso, celebrado en la sede del Parlamento de Andalucía en Sevilla. Fue una experiencia gratificante en la que un filólogo como yo vio cómo podrían abrirse salidas laborales para los profesionales de mi campo con la  propuesta de creación de un cuerpo de filólogos jurídicos que pude leer en la ponencia-informe «Un nuevo derecho a comprender», del citado fiscal y también poeta Jesús García Calderón, alma de tan importante proyecto que ahora se materializa de esta manera en un libro de estilo que es más un léxico que un manual sobre el lenguaje jurídico o una gramática específica. Si las «Cuestiones de ortografía» —la parte quinta del libro— no pueden considerarse aplicables al lenguaje jurídico —aunque los ejemplos destacados sean atinentes a ello— y el «Léxico», que es la sexta parte, ocupan en total más de trescientas páginas, quedan poco más de cien para las verdaderas propuestas de mejora del lenguaje jurídico sobre su definición y su tipología, su semántica y su pragmática. En cualquier caso, es una obra de utilidad que suma, no resta, al propósito de claridad del lenguaje legislativo y forense; y su publicación debe de ser muy bien acogida; cómo no.